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jueves, 25 de mayo de 2017

Ejecuciones de la sociedad civil en Sinaloa, cifras de Estado Fallido

Hugo Páez
     
Quiero entender que Roberto Campa Cifrián encontró un mejor esquema de atención a los delitos contra la libertad de expresión, que las Fiscalías Especiales en entidades federativas, prometidas por el presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo, en la reunión de emergencia por el asesinato en Culiacán Sinaloa del periodista fundador de Río Doce Javier Valdez Cárdenas.
El gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel informó el martes en Sinaloa, que a partir de una reunión con Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Segob, la Fiscalía Especial será sustituída por Unidades de Investigación coordinadas con otras fiscalías internas, y así será en todos los estados.
En esta lógica, el botepronto del presidente frente a gobernadores, escoltado por el titular de Segob, Miguel Osorio Chong -jefe de Campa-, el titular de la Conago Miguel Mancera Espinosa, el de la CNDH Luis Raúl González Pérez, Renato Sales Heredia de la CNS y el procurador Raúl Cervantes Andrade, no tiene mayor relevancia que una respuesta mediática para calmar los ánimos, esto es, NO hay respuesta, solo ocurrencias.
Se dirá que las Unidades de Investigación hacen las veces, y mejor, que las fiscalías. El malabarismo dialéctico del gabinete de seguridad tratará de justificar la marcha atrás, sin embargo, una vez más aventaron al mandatario al ruedo para salir del paso, apurados por la presión electoral, y la gran incertidumbre por los resultados de tres gubernaturas, en la antesala del 2018.
Sin embargo, en esta antesala cuelga en el centro del muro la imagen del cuerpo tendido de Javier Valdez Cárdenas en una avenida de Culiacán.
Esta imagen ha movido más conciencias que la brutal realidad expuesta por la cifra récord de crímenes dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): 7 mil 727 asesinatos en el primer cuatrimestre del 2017, un alarmante aumento del 29% en relación con el mismo periodo del 2016.
Es el paisaje de violencia inédita, donde la chirriante maquinaria de seguridad pública del gobierno federal muestra el óxido a cada momento frente a Cifras exorbitantes de crímenes dolosos como la del SESNSP de Álvaro Vizcaíno, frente a las protestas de medios de comunicación por el asesinato de al menos seis periodista en lo que va del año.
Impensables escenas de robo de combustibles en San Francisco Tláloc en Puebla frente a la policía local y militar, y otra de terror es la ejecución sumaria de un presunto huachicolero por un elemento del Ejército de Salvador Cienfuegos.
En este melodrama que vive el país persiste el reclamo de empresarios y ONG´s para separar la Secretaría de Seguridad Pública de Gobernación, simplemente porque NO funciona a cargo de un presidenciable, que antepone el cálculo político al combate al crimen organizado.
En este escenario aparecen las declaraciones del Comisionado de Seguridad de Morelos, Alberto Capella al “avizora la peor crisis de violencia en el 2018”, y provoca la irritación del coordinador parlamentario del PRI, César Camacho, y del gobierno federal.
Y para colmo del optimismo forzado de Renato Sales Heredia al afirmar que los indicadores del crimen están controlados y además hay mejoría, ayer de nuevo en Sinaloa, fue ejecutado a balazos al director del ISSSTE de Mazatlán, Miguel Ángel Camacho, y el martes una corredora de bienes raíces corrió la misma suerte en la colonia Toreo en las calles del puerto.
En diciembre de 1986 un par de sicarios al servicio de Pablo Escobar Gaviria asesinó en las calles de Bogotá a Guillermo Cano Isaza, director del periódico El Espectador, un medio que no dudó en publicar el terror del cártel de Medellín, y en general todos los grupos criminales y lo relacionado al crimen organizado.
   
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