A pesar de el presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala impulsaron un Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, concretada el 10 de mayo del 2007 vía publicación en el Diario Oficial, encontró un sinnúmero de resistencias en el gabinete presidencial.
Los intereses que pisaba no eran menores, la secretaría de Desarrollo Social encabezada en ese momento por Beatriz Zavala, tiene alrededor de 8,200 estancias y guarderías, el Instituto Mexicano del Seguro Social al mando de Juan Molinar Horcasitas manejaba más de 1,000. El estatus de subrogación que impuso el sexenio de Vicente Fox Quezada lo convirtió en un buen negocio para medianos empresarios que al paso de tiempo y la experiencia maduraron el mercado.
La proliferación del negocio en manos de particulares provocó desorden y la necesidad de un organismo regulador que nunca llegó concretarse. SEDESOL y el IMSS, principalmente, trataron por todos los medios de bloquear la operación del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles que, según el decreto, estaría en manos de la directora del DIF, María Cecilia Landerreche Gómez Morín. Uno de los apellidos históricos del Partido Acción Nacional.
El monstruo formado por más de 10 mil espacios para los hijos de las trabajadoras mexicanas tiene un crecimiento constante que incrementa su nivel de desorden, y como se comprobó en Sonora, fue subrogado a los que gravitan en los poderes regionales.
A inicio del sexenio de Felipe Calderón se tomó conciencia de la magnitud del problema, fue la causa que impulsó el decreto del Sistema, que entre sus puntos obliga a revisar la norma NOM-167-SSA1-1997 para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores, publicada el 17 de noviembre de 1999 y que por la Ley General de Metodologías del gobierno federal se debe actualizar cada cinco años. Se ha incumplido con este ordenamiento que a la fecha estaría por actualizarse por segunda vez.
Las necesidades de seguridad, de materiales y de espacios han cambiado, esa es la naturaleza del ordenamiento que obliga a su actualización. Desde 1999 se trabaja con esa norma porque su actualización implicaría mayor inversión en guarderías y estancias infantiles, y, por lo tanto, un incremento en el costo de la subrogación. Es una especie de negligencia voluntaria para evitar un problema financiero y tal vez reducir los ingresos de los subrogatarios, a costa del riesgo de miles de infantes.
El propio Eduardo Bours sintió el peligro inminente y en noviembre del año pasado su Secretario de Salud, Raimundo López, advirtió el peligro a que estaban expuestos 4,200 usuarios de las estancias y guarderías del gobierno federal en Sonora. El fin de semana la negligente tragedia cobró 44 vidas en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Los escenarios de desastre desnudan negocios, negligencias y corruptelas inimaginables, que en eventos menores pasan desapercibidos. El fuego consumó 44 víctimas que podrían multiplicarse en otra parte de la geografía nacional, un problema que se vio a distancia y pudo evitarse con la aplicación de un decreto que se quedó en el olvido dos años, que cumplió solo una de ocho reuniones programadas, que fue sepultado por intereses en el corazón del gobierno federal y por la comodidad de evitar enfrentamientos. Repito, sepultado como los 44 niños de hermosillo.
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