Brutal la realidad que enfrentó el martes Pedro Galindo Rodríguez. Recibió un citatorio del Tribunal Colegiado de Toluca por un amparo que interpuso su secuestrador Pedro Sánchez González, capturado 12 años atrás, con el argumento de que “Violaron sus garantías”.
Imagino que al recibir el documento se materializaron los antihéroes que dejaron libre a la secuestradora Florence Cassez. Hablo de los ministros Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldivar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, tres de los cinco integrantes de la Sala Uno que votaron a favor de la francesa para dejar el precedente que aprovechará cuanto maleante tenga a la mano un abogado. Y en el caso de los secuestradores enriquecidos con el dinero de sus víctimas, podemos incluirlos a todos.
No solo eso, de resultar favorecido por la histórica decisión de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el secuestrador de Pedro podrá apelar a la Ley General de Víctimas para demandar la reposición del daño moral y económico. ¡Así de absurdo..! mientras tanto, la familia Galindo Morera, luchadores sin descanso contra la inseguridad desde el cautiverio de Pedro, pasaron un día de perros, rebasados por la frustración del nuevo camino pavimentado por los ministros que conduce al feliz escape de la delincuencia organizada.
No queda mas que ser solidarios con Pedro y Maria Elena Morera, avatares de una lucha que en el 2004 enfrentaron la molestia y desaire presidencial de Vicente Fox Quezada y del Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, por la mega marcha blanca contra la inseguridad, que reunió, enlutados en blanco, a mas de un millón de ciudadanos dolidos, atemorizados y violentados por el secuestro, el 27 de junio de ese año.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, comentó el 25 de enero que "el presidente Enrique Peña Nieto debe salir a señalar un compromiso expreso en el que muestre que para él, el nuevo sistema acusatorio es realmente una prioridad", y sentenció que la libertad absoluta por errores en la detención es un exceso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya ordenado la inmediata y absoluta libertad de Florence Cassez, a quien
le concedió un amparo que revocó su sentencia de 60 años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas.
Pedro Galindo fue secuestrado el 21 de septiembre de 2001, le amputaron cuatro dedos para presionar el pago de su rescate después de 29 días de cautiverio.
Fue liberado por agentes federales y en el operativo detuvieron a parte de la banda “Los Colmenos”, se ejercitó acción penal dentro de la averiguación previa PGR/UEDO/110/2001, en contra de Abel Benítez Albiter o Martín Aguilar Flores, Pedro Sánchez González (a) "El Enano" o "El Chaparro" o "El Pollo", Silvia Benítez Albiter, Ramón Martínez Ruíz y José Vázquez Muñoz por violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. En contra de Abel Benítez Albiter, Pedro Sánchez González y Ramón Martínez Ruíz se agregaron diversos delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y lesiones calificadas, algunos de ellos por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Seis años después del secuestro donde los delincuentes fueron detenidos en flagrancia, Pedro Galindo había gastado mucho dinero en abogados además de haber acudido, junto con su familia, a todos los careos y audiencias convocadas por el juez. De hecho enumeró los nombres de los jueces que tuvieron conocimiento de su causa penal: Antonio González García, Irma Cuesta Briceño, María de Lourdes Lozano Mendoza, Daniel Sánchez Montalvo, Willy Eart Vega Ramírez, René Hilario Nieto Contreras (asesinado en el 2006) y Gerardo Eduardo García Anzures.
Tan solo en el 2007, a seis años del plagio se acumularon más de 18 tomos de expediente y el caso pasó por 7 jueces sin que se haya dictado sentencia en primera instancia en contra de varios de los secuestradores.
Los agentes de la AFI detuvieron al jefe de la banda y a uno de sus cómplices en el lugar en que se había acordado el pago del rescate, estos los condujeron a la casa donde lo mantenían cautivo y ahí se capturó a la pareja que lo vigilaba, así como el médico que le cortó los dedos. Los secuestradores fueron trasladados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) de la PGR y un día después rindió declaración reconociendo plenamente a los cinco secuestradores y declarando que por lo menos había tres personas más involucradas en su rapto.
Las huellas del crimen siguen vivas en las manos de Pedro, como en el miles de familias que vivieron una etapa negra del México violento que ha superado diametralmente a todas las autoridades. Esas manos recibieron el martes un citatorio por un amparo de su victimario, secuela clara de una decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al liberar a una secuestradora Florence Cassez sentenciada por tres tribunales, y que ahora sonríe desde París planeando como seguirnos jodiendo, ahora con una demanda millonaria, gracias a la nueva Ley General de Víctimas, que saldrá de nuestro presupuesto nacional, no de los ministros que le abrieron el camino con un amparo “liso y llano”, como lo calificó Olga Sánchez Cordero.
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