Hugo Páez
Está claro que la promulgación de leyes, la reestructuración de Secretarías como la “super” de Gobernación o la ascendencia del Presidente de la República sobre gobernadores del mismo partido, no acabarán, ni siquiera reducirán, a niveles aceptables el azote del crimen organizado.
Ver el Mando Único Policiaco a partir de teoría jurídica, sin el enorme esfuerzo económico que implica insentivar policías y reestructurar las 1800 municipales, puede ocasionar que en los municipios donde funciona la fuerza pública autónoma, que no son pocos, por cierto, se mezcle una masa amorfa donde los alcaldes responderán a los ciudadanos “no es mi culpa”.
Ejemplos sobran en Veracruz, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, etcétera. No es lo mismo Mando Único que Policía Estatal Única, el proyecto de Enrique Peña Nieto que apoyan las bancadas del PRI de Emilio Gamboa Patrón y César Camacho Quiroz, y apura el titular de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, está más orientado al segundo concepto, por eso las bancadas del PAN de Fernando Herrera y Marko Cortés piden profundizar el debate.
La duda crece con ejemplos como el del miércoles en Sinaloa: la policía estatal en colusión con la municipal de Escuinapa del alcalde Bonifacio Bustamante permitieron, en apariencia muy evidente, la ejecución de un jóven en la comunidad de Cristo Rey denunciada en redes sociales el domingo en un video casero (https://goo.gl/LHbTo6). La infamia siembra grandes dudas sobre el Mando Único Estatal .
En el tablero no hay movimiento que no implique impacto electoral. Sin decirlo abiertamente, el escándalo de la diputada Lucero Sánchez etiquetada como Chapodiputada es una mezcla de ingredientes donde áreas federales acturano como policía política al filtrar fotografías de dependencias normadas con estándares de máxima seguridad como el Penal de Alta Seguridad del Altiplano .
Los datos y fotografías de la diputada impulsada por el PAN en Cosalá Sinaloa, relacionada con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, no pudieron deslizarse sin el conocimiento del CISEN de Eugenio Imaz, encargado del monitoreo del penal. El desinterés de la Procuraduría de Arely Gómez al ignorar la probable comisión del delito por presentación de documentos falsos de la diputada por más de seis meses, hasta la recaptura del Chapo en el arranque electoral del 2016, es parte de los riesgos que implicaría dejar en manos de los gobernadores, con su enorme poder electoral, el mando de la autoridad policiaca en todos los municipios de sus entidades.
La otra gran interrogante es si en verdad el crimen organizado no infiltra a las policías estatales.
Interrogante que tiene respuesta prematura en el video de Escuinapa que ilustra el grado de pudredumbre en los dos niveles de policías. Bajo la administración del alcalde Bustamante 2 policías municipales y 4 estatales de la administración de Mario López Valdez, dejaron el paso libre para que sicarios levantaran y ejecutaran al joven Elías Constantino de 27 años. El escándalo en redes ejerció una gran presión hasta que la Fiscalía Estatal les imputó el delito de homicidio en grado de cooparticipación.
Días atrás, el mismo alcalde,Bonifacio Bustamante, denostó el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al rechazar la recomendación de Juan José Ríos Estavillo y Nuria González por violaciones a los derechos humanos del periodista Ramón Eduardo Guevara por parte de funcionarios del mismo ayuntamiento encabezados por el presidente municipal, además de negar la petición de disculpas y el derecho de indemnización a Miriam Navarro, esposa de Guevara e hijos.
De no haber respuesta de la sociedad civil, no habrá límite para el deterioro, por eso es necesaria la denuncia mediática en el caso de la colusión de policías con sicarios y, por supuesto, la violación a la libre expresión del periodista del Noroeste que escalará el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Luis Raúl González Pérez. Así las cosas, así el país y sus gobernantes.
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