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jueves, 20 de julio de 2017

INE y PGR a punto de colapso, democracia y justicia

Hugo Páez


No recuerdo peor momento para dos instituciones, que en sintonía deberían mantenerse afinadas como instrumento virtuoso: la PGR y el Instituto Nacional Electoral.
El INE tiene más fallas, dudas, imprecisiones e intereses de grupo, en el dictamen de la elección de Coahuila y del Estado de México, que las usualmente presentadas en organizaciones colegiadas, comprometidas por cuotas de partido.
La Procuraduría General de la República protagonizó un inesperado ridículo de obvia incompetencia en la audiencia de Javier Duarte de Ochoa, ante juez y fiscales en el Reclusorio Norte, tan burda, que se exhibe como una maniobra entre el gobierno federal y el ex gobernador, con el propósito de facilitar la liberación del ícono de los mandatarios corruptos.
En esta misma hoja de calendario nace el Sistema Nacional Anticorrupción, totalmente debilitado, derrotado por el oficialismo sembrador de obstáculos, para evitar una Fiscalía Anticorrupción autónoma, y restarle libertad al Fiscal General. Entes que deberán someter a rendición de cuentas a los gobiernos salientes.
El trabajo de los fiscales de Raúl Cervantes Andrade contra Duarte de Ochoa, fue de tal torpeza y descuido, que pegó directamente a la imagen de Enrique Peña Nieto.
Contra el resto de la población, me niego a pensar que tal obviedad fue premeditada, pero si estoy en el error, pobre país, inmerso en la desesperanza, sin embargo, la indignación ciudadana puede derivar en violencia social, en la víspera del 2018.
Abundan elementos que sostienen el encabronamiento.
Los más recientes, sostener al Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, juez y parte en la tragedia del Paso Exprés de Cuernavaca; y la tibieza del Senado para llamar a cuentas al Procurador Cervantes Andrade por la actuación de sus fiscales en el caso Duarte. Al aprobar el nombramiento, la Cámara Alta adquiere el derecho a demandar explicación de los hechos.
Si el Fiscal Anticorrupción NO ameritó un periodo extraordinario de sesiones, la burla de PGR en el Reclusorio Norte debe alertar a Pablo Escudero, y a las bancadas de Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera, Dolores Padierna y Manuel Bartlett, para evitar una posible liberación, o una pena de burla.
En este escenario de simulación e irritación, se multiplican las voces a favor de desmantelar el Consejo del INE, inclusive la salida de Lorenzo Córdova Vianello, con el propósito de reconstruir la credibilidad rumbo al 2018.
El ánimo y la moral de los ciudadanos quedaron heridos con el espectáculo de ineptitud y corrupción del caso Duarte, y el burocratismo oficialista del INE. Dos episodios que deberían ser pretérito, no presente, ni futuro de México.
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lunes, 17 de julio de 2017

NO al derecho a escoger verdugo

Hugo Páez


En una sociedad donde la clase política se percibe como enemiga de los intereses ciudadanos, donde los congresos locales y el federal hacen lo posible por moldear los sistemas anticorrupción, a modo, no hay forma de que las organizaciones civiles bajen la guardia para permitir el atropello de los gobiernos para conferirse el derecho a escoger su propio verdugo, en busca de un escrutador amigo.
A esa respuesta se refiere el movimiento #VamosPorMás con Diego Luna al frente y una amplia gama de cámaras, ONG´s y organizaciones civiles comprometidos contra la corrupción.
De eso se trata el Sistema Nacional Anticorrupción, de interrumpir la continuidad a modo en la rendición de cuentas, que ayer recibió un golpe en la Asamblea Legislativa de la CDMX bajo la operación política de Leonel Luna Estrada, al iniciar cambios a las reglas para que el contralor, el titular de la entidad de fiscalización, el fiscal anticorrupción y el secretario técnico, se elijan por mayoría simple, y NO por mayoría calificada.
Esto es, las designaciones se aprobarán por la mayoría de los diputados locales presentes en sesión, y no por dos terceras partes de la Asamblea, como lo suscribe el Sistema Nacional Anticorrupción y la Constitución.
El otro gran golpe a la rendición de cuentas y la transparencia, es que la elección del Fiscal Anticorrupción sea a través de una terna elegida por el Jefe de Gobierno, y el candidato electo sea aprobado por la Asamblea Legislativa, a cargo del perredista Luna Estrada, el operador de Miguel Mancera Espinosa en el Congreso local.
Con esta mecánica queda excluído el Consejo Judicial Ciudadano, como lo marca el artículo 37 de la Constitución de la CDMX.
En una escena nacional dominada por los escándalos de corrupción de los tres niveles de gobierno, donde se mantiene al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, como cabeza del sector que investiga la tragedia del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, esto es: juez y parte; y donde el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández es requerido por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado, pero NO en México; además donde los Duarte, Javier y César, desfalcaron miles de millones en Veracruz y Chihuahua, y Roberto Borge en Quintana Roo.
En este escenario de decadencia nacional, el derecho a escoger verdugo debe ser totalmente proscrito.
Gobernadores y presidente ven al Fiscal Anticorrupción, federal y local, y al Fiscal General, sustituto del Procurador General de la República, como el verdugo que deben tener de amigo, por eso la bancada del PRI de Emilio Gamboa Patrón y la del Partido Verde de Pablo Escudero Morales en el Senado, hacen todo lo posible por mantener al pase automático, de Procurador a Fiscal General.
En este escenario de cultura de la ilegalidad y la corrupción, debe enfrentarse cualquier intento por mantener el derecho a escoger verdugo. #VamosPorMás es un buen frente.

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domingo, 16 de julio de 2017

Algo falla en el método y el mando, se pierde la guerra contra el crimen, nada que festejar en 89 aniversario de la Policía Federal

Hugo Páez

Cuatro masacres -asesinatos masivos como nueva modalidad-, coronaron el 89 aniversario de la Policía Federal de Manelich Castilla Craviotto, en el Centro de Mando de Iztapalapa.
El espectacular show de tropas, despliegue de helicópteros y agentes a rapel, con la presencia de las siete divisiones, no dice nada ante el fracaso representado en el récord de muertes dolosas, 2,186 en mayo, y 72 ejecuciones, sólo en el conteo de asesinatos masivos en los primeros 13 días de julio.
Con el ruido de fondo de las aeronaves, y el paso marcial de la tropa, el comentario entre los invitados especiales al evento, apostados en carpas, era sobre la masacre en Tizayuca Hidalgo, unas horas antes, donde la incursión de un comando en una fiesta infantil dejó once cadáveres degollados y abatidos por el fuego armas.
Brutal la escena que trata de menguar el hecho, al explicar que “se trata de venganzas”, como si la evidencia no fuese un reto al Estado de Derecho que deben garantizar, en este caso, el gobernador Omar Fayad, y la federación.
Julio de nuevo es la escena del crimen.
Para abrir el mes, el 1 de julio, 19 personas cayeron en un sólo enfrentamiento de la autoridad con presuntos delincuentes en Villa Unión, sindicatura de Mazatlán Sinaloa, el conteo del fin de seman fue de 34 asesinatos dolosos en el estado de Quirino Ordaz Coppel.
El 5 de julio en Maderas Chihuahua dejó un total de 14 muertos; dos días después, el 7 del mismo mes, 28 reos fueron masacrados en el penal de Acapulco.
Lo realmente preocupante es la tendencia a la alza.
En el Podio Federal de Iztapalapa, otras fuerzas federales acompañaron a Miguel Osorio Chong, cabeza de sector, a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, a cargo de la Policía Federal de Manelich. Con toda marcialidad, estuvieron presentes el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda y el de Marina, Vidal Soberón Sanz, además del Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade.
Esa formación ha visto cómo se va de las manos el prometido control del crimen organizado a principios del sexenio, y el acelerado crecimiento en asesinatos dolosos, secuestro, extorsión, y robo con y sin violencia.
Esa misma formación se ha quejado una y otra vez de la incompetencia y desinterés de los gobernadores, pero NO hace absolutamente nada para remediarlo, bajo el argumento de la autonomía de los estados.
En este desafortunado parte de guerra, aparece el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con sus naturales dificultades que son aprovechadas por gobernadores y la autoridad federal, para pretextar el incremento de la actividad delictiva, a partir de las presuntas leyes laxas que permiten liberar a delincuentes portadores de armas de alto poder, a los que NO se les puede probar delincuencia organizada.
El análisis cuidadoso del fracaso nos lleva a la conclusión de siempre: corrupción.
Ese elemento que encuentra desiterés en la clase política para combatirla. Días atrás Brasil dio una lección, sentenció a 9 y medio años de prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupto, involucrado en una red de Petrobras, mientras en México renuncia el Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Designación del Fiscal Anticorrupción, por dilación del Senado de Pablo Escudero, y las maniobras de la bancada de Emilio Gamboa (PRI) y Carlos Puente Salas (PVEM).
En este tema está probada la resistencia del Congreso y de los estados, para evitar un verdadero sistema autónomo anticorrupción y el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.
Toda la retórica de culpas entre los sub liderazgos legislativos de Emilio Gamboa, Fernando Herrera, Amalia García, Miguel Barbosa, Roberto Gil, Pablo Escudero, Carlos Puente, es mera simulación.
Sin embargo, el nuevo sistema penal sirve en parte para justificar y bajar presión por el fracaso en el combate al crimen organizado.
Bajo esta premisa, aumentan los crímenes porque los jueces liberan a los delincuentes que portan armas. Basta leer las declaraciones de Miguel Mancera Espinosa, de otros miembros de la CONAGO, de Renato Sales Heredia, de Manelich Castilla Craviotto, y de autoridades de seguridad pública estatales.
Consulto con dos jueces expertos en la materia. Me aseguran que si detienen a una persona con un lanzagranadas, un rifle de alto poder Barret, o una arma bacteriológica -dudo que policías locales o federales pudieran detectarlo- y la autoridad NO prueba delincuencia organizada, la ley dicta que se tomen medidas cautelares, siempre y cuando NO sea la ‘prisión preventiva’.
¿Cuales son esas medidas cautelares..?
Prohibir a los inculpados no abandonar el estado, reportarse periódicamente ante un juez, etcétera. El hecho es que quedan en libertad de delinquir.
Pero el mayor peligro, el verdadero daño que podemos hacer al sistema de justicia, es volver al sistema anterior.
Las modificaciones de ley que gestaron el NSJP se apegaron a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no obstante, el organismo recomienda que las modificaciones se adapten a la realidad del país, y aquí, en esta parte del tema de seguridad pública, es donde el Legislativo se inspiró quizá en Dinamarca, Islandia, Austria o Suiza.
¿Quién o quiénes fueron los ilusos que pensaron que, por ejemplo, los gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Roberto Sandoval, estarían metidos en la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, si están acusados de ser parte del crimen organizado..? Además de que el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong está de lleno en su agenda política.
Es evidente, algo falla en el método y el mando, la guerra contra el crimen se sigue perdiendo. Nada que festejar en el 89 aniversario de la Policía Federal.

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jueves, 13 de julio de 2017

Cuando todos somos culpables, nadie es culpable, de liberar a delincuentes armados

Hugo Páez

Cuando todos somos culpables de algo, nadie es culpable.
Eso le pasa con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), si tomamos como un mal funcionamiento, el reclamo de gobernadores y la autoridad federal de seguridad pública, en la aplicación de la prisión preventiva a los portadores de armas de alto calibre, sin permiso oficial.
Sin embargo, el beneficio de la ‘puerta giratoria’ para los presuntos delincuentes portadores de armas es real, siempre y cuando la autoridad ministerial o policiaca no pruebe delincuencia organizada.
Pensar en la operación policiaca, ministerial y fiscal, como el ideal de las series HBO - Netflix, aún cuando les dimos ocho años para capacitarse, les aseguro que con otros ocho años más, tampoco pueden.
Volvemos al origen de todo: corrupción.
Ese elemento que encuentra desiterés en la clase política para combatirla. Ayer Brasil dio una lección, sentenció a 9 y medio años de prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupto, involucrado en una red de Petrobras, mientras en México renuncia el Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Designación del Fiscal Anticorrupción, por dilación del Senado de Pablo Escudero, y las maniobras de la bancada de Emilio Gamboa (PRI) y Carlos Puente Salas (PVEM).
En este tema está probada la resistencia del Congreso y de los estados, para evitar un verdadero sistema autónomo anticorrupción y el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.
Toda la retórica de culpas entre los sub liderazgos legislativos de Emilio Gamboa, Fernando Herrera, Amalia García, Miguel Barbosa, Roberto Gil, Pablo Escudero, Carlos Puente, es mera simulación.
Sin embargo, el nuevo sistema penal sirve en parte para justificar y bajar presión por el fracaso en el combate al crimen organizado.
Bajo esta premisa, aumentan los crímenes porque los jueces liberan a los delincuentes que portan armas. Basta leer las declaraciones de Miguel Mancera Espinosa, de otros miembros de la CONAGO, de Renato Sales Heredia, de Manelich Castilla Craviotto, y de autoridades de seguridad pública estatales.
Consulto con dos jueces expertos en la materia. Me aseguran que si detienen a una persona con un lanzagranadas, un rifle de alto poder Barret, o una arma bacteriológica -dudo que policías locales o federales pudieran detectarlo- y la autoridad NO prueba delincuencia organizada, la ley dicta que se tomen medidas cautelares, siempre y cuando NO sea la ‘prisión preventiva’.
¿Cuales son esas medidas cautelares..?
Prohibir a los inculpados no abandonar el estado, reportarse periódicamente ante un juez, etcétera. El hecho es que quedan en libertad de delinquir.
Pero el mayor peligro, el verdadero daño que podemos hacer al sistema de justicia, es volver al sistema anterior.
Las modificaciones de ley que gestaron el NSJP se apegaron a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no obstante, el organismo recomienda que las modificaciones se adapten a la realidad del país, y aquí, en esta parte del tema de seguridad pública, es donde el Legislativo se inspiró quizá en Dinamarca, Islandia, Austria o Suiza.
La confusión es terrible.
Me dicen los jueces consultados que actualmente se aplican los dos sistemas: por ley, los jueces de procesos penales aplican el anterior, y los jueces de distrito de control y enjuiciamiento, el nuevo sistema. Pero algunos aplican los dos, según sea el tema.
Es preocupante la visión del Ejecutivo y el Legislativo en este caso.
Pensar que los gobernadores harán su trabajo, cuando históricamente la mayoría está en su paraíso territorial para su beneficio, como prioridad, y NO hay autoridad que los obligue a cumplir sus compromisos, es una irresponsabilidad preocupante de quien echó a andar esto.
¿Quién o quiénes fueron los ilusos que pensaron que, por ejemplo, los gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Roberto Sandoval, estarían metidos en la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, si están acusados de ser parte del crimen organizado..? Además de que el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong está metido de lleno en su agenda política.
El problema NO es querer mejorar las cosas, el problema es construir una pirotecnia fuera de la realidad, para beneficio del Ejecutivo y del Legislativo.
¿Y el desmadre..? ya lo sufrirán otros.
    
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martes, 11 de julio de 2017

El PRI no deja ir al México de antes, Eugenio impune y sin problemas

Hugo Páez

   

Eugenio pertenece al club.
En esa membresía de tres colores patrios, si mantienes la continuidad y no pierdes la gubernatura de tu partido, estás del otro lado y tienes garantizada la impunidad.
Eso pasa con el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores. Lo busca la justicia de Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, transmisión ilegal de dinero y defraudación bancaria, pero NO el gobierno mexicano.
Eugenio ganó la gubernatura para el candidato del PRI Egidio Torre Cantú, y NO tiene cargo alguno que amerite solicitud de orden de aprehensión, de los procuradores con gran nexo partidista: Jesús Murillo Karam, Arely Gómez González y Raúl Cervantes Andrade.
Se pasea con una amplia sonrisa, sin problemas en este país, pero NO puede poner un pie en Estados Unidos, bajo riesgo de correr la misma suerte que el ex Fiscal de Nayarit Edgar Veytia, detenido en San Diego por tráfico de cocaína, heroína y mariguana, protegido del gobernador Roberto Sandoval, y sin ningún cargo en México.
A Eugenio le espera una orden de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas en Corpus Christi.
En el 2009, en el penúltimo año como gobernador de Tamaulipas, la SEIDO de PGR investigó sus vínculos con el Cartel del Golfo y el de los Zetas, una faena cuesta arriba, cuando se tiene el control del estado y la ‘autonomía’ construida para resguardar todas las pillerías, y hacer imposible la rendición de cuentas, sobre todo cuando no hay transición de partido en el gobierno.
El 20 de abril comenté en este espacio en la columna “Sin transición NO hay rendición de cuentas de gobernadores” (http://ow.ly/OmgA30dvzEN), es el caso del ahijado y sucesor de Tomás Yarrington Ruvalcaba, y el de muchos otros.
En esta lógica, nunca sabremos si Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México y Rubén Moreira en Coahuila -en caso de no anularse la elección-, se mantuvieron al margen de corrupción, desvío de recursos, tráfico de influencias, nexos con el crimen organizado, y todas las marranadas que brotaron y siguen brotando en las administraciones de Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo, en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.
¿Acaso alguien espera que Alfredo del Mazo Maza y Miguel Riquelme Solís investiguen a fondo a Eruviel y Moreira..?
La nueva frase preferida del priismo para justificar las trapacerías, es: “Eso era en el México de antes”.
Con Eugenio, y la desanimada acción federal contra César Duarte, más lo que viene en los estados sin transición, comprobamos que: el México de antes, sigue en el México de hoy. Punto.
No hay más que ver las resistencias contra la autonomía y operación del Sistema Nacional de Corrupción, y la indefinición del Fiscal Anticorrupción en el Senado, bajo la presidencia del Verde Pablo Escudero Morales, y el control de las bancadas de Emilio Gamboa Patrón y César Camacho Solís en Diputados, para entender que en realidad se trata de un juego dilatorio para mantenernos en “El México de antes”, el que más les acomoda, en el México de hoy.
   
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jueves, 6 de julio de 2017

Brutal violencia de Maduro, es tiempo de definirse, Andrés Manuel

Hugo Páez

Las escenas son impactantes, un grupo de guardias blancas chavistas llamados ‘colectivos’ irrumpen en la Asamblea Nacional de Venezuela para violentar con agresiones físicas a legisladores opositores a Nicolás Maduro.
Un día antes, Andrés Manuel López Obrador publica en México un video mensaje donde se queja que lo comparen con Maduro, pero sigue sin aclarar su posición con el régimen chavista, a pesar de la evidencia de acercamientos de Morena con el gobierno de Venezuela y los antecedentes en la campaña del 2006 con la intrusión de las células bolivarianas.
El silencio es un mal indicador. Sus opositores hablarán de fuertes compromisos que le impiden marcar distancia clara y la fuerte crítica.
Es el momento, está a la vista la atrocidad de las maniobras golpistas de Maduro que no respeta al Poder Legislativo, toleradas por la Guardia Nacional. Evento condenado por las democracias liberales de América y Europa, inclusive el gobierno mexicano.
La aparición del video mensaje de Andrés Manuel revela que en su equipo perciben la difusión de videos y tuits que relacionan a Morena con el gobierno de Venezuela, como un factor de influencia en la derrota de Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México.
No tengo información de algún estudio de campo que de sustento a la premisa, pero el último mensaje grabado exhibe esa urgencia por borrar la imagen pro chavista, y, en la retórica de siempre, el líder de Morena culpa a la mafia del poder, a los que no se cansan de robar y a los que ‘no tienen llenadera’, por esos ataques.
Aún así, Andrés Manuel sigue sin definirse.
En su posición de aspirante presidencial, es interés legítimo de los electores conocer su visión de estado, el modelo económico, político y social que implementará, una vez que llegue a la presidencia de la república.
López Obrador insiste en que no irrumpirá en el modelo empresarial, -lo dice en su penúltimo libro-, que NO atacará a los que se enriquecieron a costa de empobrecer a México, y NO hará cacería de brujas.
En el sector empresarial muy pocos le creen, el la clase media ven el discurso con cuidadoso recelo, y los más indignados esperan que consuma la venganza social, principalmente contra el PRI y su cómplice Partido Verde.
Lo que trata de evadir a toda costa, es aclarar el criterio propio con la situación de los venezolanos, inmersos en una larga y profunda crisis humanitaria, golpeadísimos por el autoritarismo radicalizado de Nicolás Maduro, con graves secuelas desde Hugo Chávez, capaz de moldear una nueva constitución a la medida, que hasta genial músico Gustavo Dudamel, favorecido desde la infancia por el Sistema Nacional de Orquestas, corrigió.
El silencio de Andrés Manuel se podría interpretar como la imposibilidad de romper compromisos contraídos.
La evidencia de apoyos está documentada desde la campaña presidencial del 2006, y las declaraciones de la embajadora de Venezuela, María Urbaneja Durant, sobre acercamientos con Morena, no fueron desmentidos con claridad.
En el marco de la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) comenté en este espacio el 20 de junio: Semanas antes de la Cumbre de la OEA en Cancún, la Secretaria General de Morena, Yeidckol Polevnsky, organizó un grupo de apoyo de Morena a la delegación que enviaría Nicolás Maduro a Cancún, encabezada por la Canciller Delcy Rodríguez, en previsión a la postura crítica de México, en voz de Luis Videgaray Caso, y de países afines (http://ow.ly/sZR430dnQ1w).
Ahora el líder de Morena dedica un mensaje para aclarar que NO es Nicolás Maduro, ni Donald Trump, pero al mismo tiempo exhibe sus puntos débiles, que lo seguirán siendo sin una posición contundente de él y de su equipo.
   
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lunes, 3 de julio de 2017

Luis María Aguilar puede despejar dudas sobre 500 órdenes para espiar

Hugo Páez
    
Cientos de órdenes de jueces federales especializados en intervención de comunicaciones, debieron emitirse a la PGR, el CISEN y la Sedena, por el Consejo de la Judicatura Federal de Luis María Aguilar.
Los registros, con folio, fecha, y dependencia solicitantes, pueden despejar importantes dudas sobre el uso del software Pegasus, aún cuando se omitan algunos nombres por secrecía de nombres, eso lo decidirá el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y la autonomía de conducción del CJF.
El sistema de espionaje fue adquirido por la PGR de Jesús Murillo Karam, el 29 de octubre del 2014, a travéz de la empresa Grupo Tech Bull SA de CV, con capacidad para 500 objetivos de manera simultánea.
Y para aclarar interrogantes sobre el presunto espionaje a periodistas, activistas de derechos humanos, políticos y ONG´s, la Judicatura podría informar si los nombres de los quejosos fueron incluídos por la dependencia identificadas como usuarios: la de Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade (PGR), Eugenio Imaz Gispert (CISEN) y Salvador Cienfuegos Zepeda (Sedena).
Las especificaciones técnicas del paquete, inducen a que al menos 500 órdenes judiciales debieron ser ‘obsequiadas’ -como se usa en la jerga- para explotar en su mínima expresión los 500 ‘objetivos simultáneos’, a un costo de 32 millones de dólares (592 millones de pesos), esto es, más de un millón de pesos, por objetivo.
Eso sí el uso simultáneo fue de una ronda de objetivos, en cambio, si calculamos que la ronda varió cinco veces de nombre, estamos hablando de 2 mil quinientas órdenes judiciales.
En aras de la transparencia, la PGR, el CISEN y la Sedena también podrían informar el registro de las órdenes emitidas por los jueces a sus dependencias.
Cualquier estructura administrativa que elabore una adquisición de 500 posiciones simultáneas, debe tener capacidad para utilizarla más de una vez.
Esto es, la capacidad del malwere Pegasus que ‘infecta’ teléfonos, correos, mensajería y es capaz escuchar y grabar por cámara y micrófono de los dispositivos electrónicos, alcanzaría para monitorear constantemente a más de 15 cabecillas del crimen organizado en el mapa delictivo, en cada uno de los 31 estados y la CDMX, al mismo tiempo.
Todo un proyecto robusto si tomamos en cuenta que en el 2014 la PGR informó que tenía una lista de 122 delincuentes ‘más buscados’.
Han pasado 28 meses desde marzo del 2015, fecha en que se terminó de implementar el software y la capacitación de 25 elementos de la PGR, entre ellos a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a cargo de Tomás Zerón de Lucio, heredado por Murillo Karam a Arely Gómez, quien designó a Christian Noé Ramírez Gutiérrez para el manejo del malware.
El 14 de septiembre del 2016, Zerón de Lucio renunció a la AIC agobiado por el dudoso manejo del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. A partir de la fecha tomó posesión nada menos que de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional.
Según el informe de Citizen Lab, en diciembre de 2015, un mes después de la entrega del sistema Pegasus, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), recibió dos mensajes intrusivos de SMS.
En febrero de 2016, los otros activistas y periodistas empezaron a recibir mensajes análogos con enlaces a Pegasus: Alexandra Zapata del Imco, Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro Pro; Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor; Simón Barquera, del Instituto de Salud Pública, y los periodistas Carlos Loret de Mola, Sebastián Barragán, Rafael Cabrera y Salvador Camarena. Carmen Aristegui y su hijo recibió mensajes en 2014 y 2015, antes de la implementación. Posteriormente, la diputada del PAN Brenda Velázquez Valdez presentó una denuncia por espionaje a periodistas, además de Ricardo Anaya Cortés y Fernando Rodríguez Doval.
El sentido común dice que ninguna dependencia federal solicitó orden judicial para espiar a estos ciudadanos, pero habrá que descartarlo mediante peticiones de información a las dependencias acusadas y al Consejo de la Judicatura Federal. Y de existir esas órdenes, bajo qué criterios fue la solicitud de la orden, y el del juez para obsequiarla.
El espionaje no es ilegal si existe orden de un juez calificado. En el caso de Pegasus hablamos quizá de miles de órdenes solicitadas y obsequiadas por la institución de Luis María Aguilar. ¿Existen..? una pregunta fácil de responder.
   
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