Hugo Páez
Cuatro masacres -asesinatos masivos como nueva modalidad-, coronaron el 89 aniversario de la Policía Federal de Manelich Castilla Craviotto, en el Centro de Mando de Iztapalapa.
El espectacular show de tropas, despliegue de helicópteros y agentes a rapel, con la presencia de las siete divisiones, no dice nada ante el fracaso representado en el récord de muertes dolosas, 2,186 en mayo, y 72 ejecuciones, sólo en el conteo de asesinatos masivos en los primeros 13 días de julio.
Con el ruido de fondo de las aeronaves, y el paso marcial de la tropa, el comentario entre los invitados especiales al evento, apostados en carpas, era sobre la masacre en Tizayuca Hidalgo, unas horas antes, donde la incursión de un comando en una fiesta infantil dejó once cadáveres degollados y abatidos por el fuego armas.
Brutal la escena que trata de menguar el hecho, al explicar que “se trata de venganzas”, como si la evidencia no fuese un reto al Estado de Derecho que deben garantizar, en este caso, el gobernador Omar Fayad, y la federación.
Julio de nuevo es la escena del crimen.
Para abrir el mes, el 1 de julio, 19 personas cayeron en un sólo enfrentamiento de la autoridad con presuntos delincuentes en Villa Unión, sindicatura de Mazatlán Sinaloa, el conteo del fin de seman fue de 34 asesinatos dolosos en el estado de Quirino Ordaz Coppel.
El 5 de julio en Maderas Chihuahua dejó un total de 14 muertos; dos días después, el 7 del mismo mes, 28 reos fueron masacrados en el penal de Acapulco.
Lo realmente preocupante es la tendencia a la alza.
En el Podio Federal de Iztapalapa, otras fuerzas federales acompañaron a Miguel Osorio Chong, cabeza de sector, a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, a cargo de la Policía Federal de Manelich. Con toda marcialidad, estuvieron presentes el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda y el de Marina, Vidal Soberón Sanz, además del Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade.
Esa formación ha visto cómo se va de las manos el prometido control del crimen organizado a principios del sexenio, y el acelerado crecimiento en asesinatos dolosos, secuestro, extorsión, y robo con y sin violencia.
Esa misma formación se ha quejado una y otra vez de la incompetencia y desinterés de los gobernadores, pero NO hace absolutamente nada para remediarlo, bajo el argumento de la autonomía de los estados.
En este desafortunado parte de guerra, aparece el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con sus naturales dificultades que son aprovechadas por gobernadores y la autoridad federal, para pretextar el incremento de la actividad delictiva, a partir de las presuntas leyes laxas que permiten liberar a delincuentes portadores de armas de alto poder, a los que NO se les puede probar delincuencia organizada.
El análisis cuidadoso del fracaso nos lleva a la conclusión de siempre: corrupción.
Ese elemento que encuentra desiterés en la clase política para combatirla. Días atrás Brasil dio una lección, sentenció a 9 y medio años de prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupto, involucrado en una red de Petrobras, mientras en México renuncia el Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Designación del Fiscal Anticorrupción, por dilación del Senado de Pablo Escudero, y las maniobras de la bancada de Emilio Gamboa (PRI) y Carlos Puente Salas (PVEM).
En este tema está probada la resistencia del Congreso y de los estados, para evitar un verdadero sistema autónomo anticorrupción y el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.
Toda la retórica de culpas entre los sub liderazgos legislativos de Emilio Gamboa, Fernando Herrera, Amalia García, Miguel Barbosa, Roberto Gil, Pablo Escudero, Carlos Puente, es mera simulación.
Sin embargo, el nuevo sistema penal sirve en parte para justificar y bajar presión por el fracaso en el combate al crimen organizado.
Bajo esta premisa, aumentan los crímenes porque los jueces liberan a los delincuentes que portan armas. Basta leer las declaraciones de Miguel Mancera Espinosa, de otros miembros de la CONAGO, de Renato Sales Heredia, de Manelich Castilla Craviotto, y de autoridades de seguridad pública estatales.
Consulto con dos jueces expertos en la materia. Me aseguran que si detienen a una persona con un lanzagranadas, un rifle de alto poder Barret, o una arma bacteriológica -dudo que policías locales o federales pudieran detectarlo- y la autoridad NO prueba delincuencia organizada, la ley dicta que se tomen medidas cautelares, siempre y cuando NO sea la ‘prisión preventiva’.
¿Cuales son esas medidas cautelares..?
Prohibir a los inculpados no abandonar el estado, reportarse periódicamente ante un juez, etcétera. El hecho es que quedan en libertad de delinquir.
Pero el mayor peligro, el verdadero daño que podemos hacer al sistema de justicia, es volver al sistema anterior.
Las modificaciones de ley que gestaron el NSJP se apegaron a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no obstante, el organismo recomienda que las modificaciones se adapten a la realidad del país, y aquí, en esta parte del tema de seguridad pública, es donde el Legislativo se inspiró quizá en Dinamarca, Islandia, Austria o Suiza.
¿Quién o quiénes fueron los ilusos que pensaron que, por ejemplo, los gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Roberto Sandoval, estarían metidos en la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, si están acusados de ser parte del crimen organizado..? Además de que el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong está de lleno en su agenda política.
Es evidente, algo falla en el método y el mando, la guerra contra el crimen se sigue perdiendo. Nada que festejar en el 89 aniversario de la Policía Federal.
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