Hugo Páez
En una sociedad donde la clase política se percibe como enemiga de los intereses ciudadanos, donde los congresos locales y el federal hacen lo posible por moldear los sistemas anticorrupción, a modo, no hay forma de que las organizaciones civiles bajen la guardia para permitir el atropello de los gobiernos para conferirse el derecho a escoger su propio verdugo, en busca de un escrutador amigo.
A esa respuesta se refiere el movimiento #VamosPorMás con Diego Luna al frente y una amplia gama de cámaras, ONG´s y organizaciones civiles comprometidos contra la corrupción.
De eso se trata el Sistema Nacional Anticorrupción, de interrumpir la continuidad a modo en la rendición de cuentas, que ayer recibió un golpe en la Asamblea Legislativa de la CDMX bajo la operación política de Leonel Luna Estrada, al iniciar cambios a las reglas para que el contralor, el titular de la entidad de fiscalización, el fiscal anticorrupción y el secretario técnico, se elijan por mayoría simple, y NO por mayoría calificada.
Esto es, las designaciones se aprobarán por la mayoría de los diputados locales presentes en sesión, y no por dos terceras partes de la Asamblea, como lo suscribe el Sistema Nacional Anticorrupción y la Constitución.
El otro gran golpe a la rendición de cuentas y la transparencia, es que la elección del Fiscal Anticorrupción sea a través de una terna elegida por el Jefe de Gobierno, y el candidato electo sea aprobado por la Asamblea Legislativa, a cargo del perredista Luna Estrada, el operador de Miguel Mancera Espinosa en el Congreso local.
Con esta mecánica queda excluído el Consejo Judicial Ciudadano, como lo marca el artículo 37 de la Constitución de la CDMX.
En una escena nacional dominada por los escándalos de corrupción de los tres niveles de gobierno, donde se mantiene al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, como cabeza del sector que investiga la tragedia del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, esto es: juez y parte; y donde el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández es requerido por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado, pero NO en México; además donde los Duarte, Javier y César, desfalcaron miles de millones en Veracruz y Chihuahua, y Roberto Borge en Quintana Roo.
En este escenario de decadencia nacional, el derecho a escoger verdugo debe ser totalmente proscrito.
Gobernadores y presidente ven al Fiscal Anticorrupción, federal y local, y al Fiscal General, sustituto del Procurador General de la República, como el verdugo que deben tener de amigo, por eso la bancada del PRI de Emilio Gamboa Patrón y la del Partido Verde de Pablo Escudero Morales en el Senado, hacen todo lo posible por mantener al pase automático, de Procurador a Fiscal General.
En este escenario de cultura de la ilegalidad y la corrupción, debe enfrentarse cualquier intento por mantener el derecho a escoger verdugo. #VamosPorMás es un buen frente.
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